El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha unido esta tarde a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha solicitado guardar un minuto de silencio en memoria y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y con todos sus familiares y allegados.
El alcalde, Pachi Pascual, ha anunciado al inicio de la sesión que se haría un receso, de forma excepcional, para que los concejales de la corporación pudieran unirse a este gesto de condolencia, que ha comenzado con la lectura de unas palabras por parte del primer edil por el suceso que ha dejado decenas de personas fallecidas y cientos de heridos. A la convocatoria. Al acto público, al que se ha sumado la ciudadanía, han asistido el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, la directora general de Planificación y Servicios Labora, Marisa Mezquita, y el diputado autonómico José Juan Zaplana.
Durante la sesión plenaria, entre los asuntos destacados tratados, se ha aprobado por unanimidad una moción para instar a la Generalitat Valenciana y a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a ampliar progresivamente el TRAMnochador para que este servicio nocturno se preste todos los fines de semana y vísperas de festivo del año en el tramo de la Línea 2 entre las estación de Luceros de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, teniendo en cuenta los datos de uso y las necesidades de movilidad entre ambos municipios.
La propuesta, presentada por el edil de EU-UP, Alberto Beviá, ha obtenido el respaldo de todos los grupos municipales. La portavoz adjunta del grupo popular, Mercedes Torregrosa, se ha mostrado de acuerdo con la petición, pero también ha abogado por requerir al Gobierno central «que realmente controlen la seguridad de todos los ciudadanos usuarios de trenes, tranvías o cercanías».
La edil ha asegurado que, en la actualidad, «se disponen de más recursos e inversiones por parte de la Generalitat y ya se está estudiando la posible ampliación de frecuencias de trenes y de personal para la línea 2, por tanto, ahora sí toca pedir que se amplíe ese horario nocturno», limitado a los meses de verano. Torregrosa ha recordado que la institución autonómica ha anunciado la incorporación de 6 vehículos de tranvía con más 1.700 plazas adicionales, la ejecución de obras de ampliación de andenes en las líneas alicantinas y un plan de inversiones de más de 800 millones de euros para Alicante y Metrovalencia.
También el concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha recordado al inicio de su intervención la tragedia ocurrida en los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda, ha explicado su apoyo a la moción. Según ha señalado, «aunque este servicio ya se presta a través de la línea 24N, nos parece positivo que los sanvicenteros disfruten de un buen servicio de transporte intermunicipal».
Organización del equipo de Gobierno
Durante la sesión celebrada esta tarde, se ha dado cuenta de los cambios en la composición de la Junta de Gobierno Local y de la petición del grupo popular para modificar la portavocía del grupo, pasando a ser titular Melania Llopis y adjunta Mercedes Torregrosa.
Entre los asuntos del orden del día, se ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria. También se ha dado luz verde a la modificación del importe global de las aplicaciones presupuestarias de productividad y servicios extraordinarios para atender las necesidades en las distintas áreas municipales en el año 2026.
Rechazo de los decretos de Sánchez
El pleno celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de San Vicente ha rechazado, con los votos de PP y Vox, una moción presentada por el grupo socialista para convalidar los últimos decretos de vivienda impulsados desde el Gobierno a través de la Diputación Permanente y exigir la colaboración de las comunidades autónomas.
La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha acusado al PSOE de presentar una moción «totalmente política» y ha calificado de bochornosa la situación generada por el Gobierno central, tomando como referencia las palabras de Felipe González. La edil ha remarcado que «la realidad es que este Gobierno hace decretos, pero no hace viviendas, pero la gente necesita viviendas, no palabrería», y ha acusado a Sánchez «de eximirse de cualquier responsabilidad, cargando el problema a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que en su mayoría no gobierna el PSOE».
La edil popular ha rechazado que se tramite por decreto-ley el problema de la vivienda «porque podía haberse tratado durante los casi 8 años que llevan gobernando, pero, de repente, en un día, se convierte en una emergencia la motivación de las movilizaciones en las calles». Torregrosa también ha recordado la importancia de obtener el respaldo legislativo en el Congreso de los Diputados «porque representa a la ciudadanía», pero «ante la derrota y la presión, no le queda otra que convocar elecciones, ya que ni sus socios confían en él, y lleva los decretos de vivienda a la Diputación Permanente, por la puerta trasera».
La concejal ha incidido en que, como consecuencia de esta decisión, «nada más publicarse los decretos en el BOE, casi 4300 viviendas se retiraron del mercado porque los propietarios prefieren cerrar sus casas ante tal indefensión generada».
Torregrosa ha matizado que, frente a esto, «a nivel autonómico el gobierno de Pérez Llorca asumirá un seguro para propietarios que incorporen sus viviendas vacías al mercado a precios asequibles; también ampliará hasta los 50 años de la edad para acceder a los avales del IVF; se van a destinar 60 millones de euros para nuevas ayudas de alquiler; y, lo más importante, se están construyendo viviendas».
Por su parte, el concejal de Vox Pablo Quintana, ha acusado al PSOE de trasladar al pleno asuntos de competencia nacional «para alimentar una confrontación permanente». El edil también se ha preguntado «si alguien conoce la gestión del Ministerio de Vivienda en esos 8 años de permanencia en el Gobierno del PSOE» y ha lamentado que «ahora, con las Cortes disueltas, pretenden convalidar una reforma que afecta a todos los contratos de alquiler del país, eso es legislar a golpe de improvisación y de calendario electoral».
Quintana ha alertado de que la retirada de viviendas del mercado de alquiler registrada perjudica «al joven con un trabajo temporal, a las familias con trabajos precarios e hijos a su cargo o al pensionista con una pensión baja; una ley que dice proteger al vulnerable acaba poniéndolo el último en la cola».
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